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Esta investigación se originó en 2012, luego de que la Comisión Investigadora sobre Financiamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados enviara un informe al Ministerio Público y solicitara investigar a siete universidades privadas, entre ellas UNAB.

Luego de haber colaborado con todo lo requerido por Fiscalía, de enviar los respaldos de todos los contratos y convenios existentes con entidades relacionadas y de haber participado en una serie de instancias y entrevistas con los fiscales, este organismo en 2017 informó que la causa UNAB fue archivada.